Botín de guerra

La reciente sentencia del Tribunal Supremo en el Sumario 35/2002 por la que 107 sedes sociales de una determinada corriente pol√≠tica (izquierda abertzale) van a ser confiscadas, recuerda que esta pr√°ctica ha tenido un largo recorrido en el sistema judicial espa√Īol. Incautaciones, confiscaciones, embargo de bienes, expolios… han sido sin√≥nimos de una pr√°ctica habitual sostenida en cuestiones estrictamente pol√≠ticas.
En los √ļltimos a√Īos, el expolio ha estado integrado en esa doctrina que los expertos dieron en llamar C√≥digo Penal del Enemigo, siguiendo las reflexiones del penalista alem√°n G√ľnther Jakobs: “cabe anticipar potencialmente el comienzo del peligro”. El juez Garz√≥n, en su auto de octubre de 2002, marc√≥ la pauta de forma antol√≥gica: ‚ÄúAunque ETA no existiera, ni tampoco la Kale Borroka, o √©sta no se hubiera producido nunca, Batasuna constituye desde el punto jur√≠dico-penal una asociaci√≥n il√≠cita‚ÄĚ.
En esta línea, la confiscación no sólo de bienes, sino también de documentación, archivos o la permanente espada de Damocles sobre el relato, obedece, al margen de lucro del receptor que se sobrentiende, a una motivación más cruel, la de borrar la memoria histórica del grupo, de la izquierda abertzale, sus raíces y, en consecuencia, el desarrollo de su futuro.
Una instrucci√≥n ya avanzada, entre otros, por Mikel Cabieces, precursor de Carlos Urquijo en el puesto de delegado de Gobierno y hoy patrono bancario en BBK, que en 2011 dec√≠a en El Pa√≠s: “Un final con vencedores y vencidos. La Constituci√≥n, el Estatuto y las leyes seguir√°n ah√≠”.
Y as√≠, rechazo a la existencia pol√≠tica, al contexto, decomisos e incautaciones prolongan la ilegitimidad de toda una corriente ideol√≥gica cuya legalidad jur√≠dica pende de la estrategia del Estado, desplegada, en esta ocasi√≥n, por jueces. Con la presi√≥n de los sectores m√°s beligerantes. Como aquella editorial de El Correo: “Ser√≠a torpe y temerario que s√≥lo con la condena del terror se les permitiera recuperar la legalidad”. Reflexi√≥n del diario de Vocento apenas hace diez a√Īos.
Hace muchos m√°s, y con ello recupero esa tendencia que citaba, ese mismo El Correo (hoy sin el apelativo “espa√Īol” de entonces), recib√≠a en 1937, sin arrendamiento alguno por cierto, sede y rotativa del diario jeltzale Euzkadi, incautado o “robado” seg√ļn denunciaron sus leg√≠timos due√Īos.
Fue entonces, a partir de 1936, cuando las incautaciones, avaladas tambi√©n por ordenamiento jur√≠dico, abrieron la puerta a un expolio escandaloso. Si hoy, las bases jur√≠dicas parten de la aplicaci√≥n del C√≥digo Penal del Enemigo y su extensi√≥n por la interpretaci√≥n de Garz√≥n, con la inclusi√≥n en el apartado 127 del C√≥digo Penal espa√Īol vigente, entonces fue el decreto 18/1936, del mismo d√≠a que los franquistas “reconquistaban” Donostia.
El texto no dejaba lugar a la duda: “Se declaran fuera de la Ley todos los partidos y agrupaciones pol√≠ticas o sociales que han integrado el llamado Frente Popular y se decreta la incautaci√≥n de cuantos bienes muebles, inmuebles, efectos y documentos pertenecieren a los referidos partidos o agrupaciones, pasando todos ellos a la propiedad del Estado”. Bot√≠n de guerra. Vencedores y vencidos.
No quiero zambullirme en la historia m√°s lejana, pero s√≠ har√© una peque√Īa inmersi√≥n para justificar precisamente el t√≠tulo de este art√≠culo. La incautaci√≥n jur√≠dica sustituy√≥ al bot√≠n de guerra. Los bienes de quienes se opusieron a la conquista de Nafarroa y se refugiaron en la Sexta Merindad fueron embargados, los de los lapurtanos que deportados no entendieron la centralidad de la Revoluci√≥n francesa, los de los carlistas que no aceptaron el Convenio de Bergara y huyeron a Am√©rica, los de los jud√≠os y resistentes vascos de Biarritz y Baiona gaseados en Auschwitz o Mauthausen. Tambi√©n sus familias fueron expoliadas. Y todo ello sobre una base jur√≠dica.
En su inicio, el Gobierno de Franco estableci√≥ la Comisi√≥n sobre la Ilegitimidad de Poderes Actuantes, una junta franquista destinada a “demostrar la inmoralidad” de la Rep√ļblica. Este organismo qued√≥ completado con delegaciones de incautaci√≥n provinciales que se establecieron, en el caso vasco, en las cuatro capitales, dependiendo de juzgados especiales.
Las incautaciones afectaron no sólo a bienes políticos o sindicales, sino también a particulares. En Araba, por ejemplo, la Comisión provincial encausó a 749 personas. En Gipuzkoa, 529 propietarios fueron despojados por completo de sus viviendas, terrenos o caseríos.
A los particulares les eran incautadas sus propiedades, estableciéndose en ellas nuevos inquilinos. El dinero aportado por los arrendados era enviado, por medio de un administrador que se quedaba con el tres por ciento por su labor, a la Comisión de Incautación de Bienes de cada provincia.
Esta fue la teor√≠a jur√≠dica, porque en la pr√°ctica las desviaciones que conocemos son s√≥lo la punta del iceberg. Museos vascos de car√°cter p√ļblico guardan en sus fondos obras requisadas entonces, as√≠ como particulares. A Telesforo Monzon le desvalijaron la Torre Olaso que sirvi√≥ para amueblar el Palacio de Aiete en el que veraneaba Franco. Cuando el dictador falleci√≥, su viuda traslad√≥ las propiedades de Monz√≥n a su residencia en el Pazo de Meir√°s (A Coru√Īa). Joyas y valores decomisados o aportados “voluntariamente” en Nafarroa fueron depositados en cajas de seguridad de la sucursal de un conocido banco de la Plaza del Castillo de Iru√Īea. Cuando se cumplieron 50 a√Īos del despojo, al comienzo de la llamada Transici√≥n, las cajas fueron vaciadas y su destino a√ļn hoy desconocido.
A esta lista habr√≠a que a√Īadir organizaciones culturales, ateneos o medios de comunicaci√≥n. En Donostia, por ejemplo, la sede de Eusko Ikaskuntza fue ocupada por la delegaci√≥n de la Banca Privada de Madrid. En Bilbo, la sede de ELA y de los diarios jeltzales Euzkadi, La Tarde y Excelsius, fueron incautadas, entre otras. En Iru√Īea, el Centro Vasco fue ocupado por Falange. La lista interminable.
La mayoría de las sedes de las formaciones políticas estaban hipotecadas en bancos o cajas de ahorro vascas, ya que, por lo general, habían sido adquiridas en época republicana, compradas con gran esfuerzo económico y popular. Las comisiones provinciales renegociaron, en cada caso, los cambios de titularidad y el pago de las cuotas con las cajas de ahorro y bancos vascos respectivos, que se implicaron en el expolio.
El principal beneficiario de la incautación fue el partido de Falange. De las 51 incautaciones a sedes centrales de partidos políticos y organizaciones sindicales de Bizkaia, 23 fueron a parar a Falange que estableció en los locales requisados las sedes de su organización y de sus subsidiarias como Flechas o Sección Femenina.
El √ļltimo caso de expropiaci√≥n fue el que afect√≥ a la sede del Gobierno vasco de Par√≠s, ubicado en el n√ļmero 11 de la Avenue Marceau. Con la invasi√≥n alemana de Par√≠s, la Gestapo y los servicios secretos espa√Īoles se hicieron cargo de la delegaci√≥n vasca. En nombre de la embajada espa√Īola, el funcionario Pedro Urraca. Precisamente, el 15 de octubre de 1947 Urraca fue condenado a muerte, en rebeld√≠a, por un tribunal franc√©s que lo acus√≥ de espionaje en favor de la Alemania de Hitler. Con identidad falsa, Urraca fue enviado por Madrid a B√©lgica en la d√©cada de 1960 para informar de los primeros refugiados de ETA.
En abril de 1951, la Corte de Apelaci√≥n francesa daba la raz√≥n al Gobierno espa√Īol franquista, apoy√°ndose, entre otras, en la disposici√≥n de incautaci√≥n promulgada por Franco el 13 de septiembre de 1936. Aquella sede fue, desde entonces, la Embajada espa√Īola en Par√≠s y en 2014 es patrimonio del Instituto Cervantes en la capital francesa.

Cierre en falso

El Gobierno espa√Īol promovi√≥ en √©poca reciente dos iniciativas para la devoluci√≥n del patrimonio incautado tanto a sindicatos como a partidos pol√≠ticos. La primera de las iniciativas se produjo bajo Gobierno de Felipe Gonz√°lez, en 1986, y la segunda, en 1998, durante mandato de Aznar. Entre los sindicatos, UGT recibi√≥ la compensaci√≥n de 431 locales y CNT de 46, 148 millones de euros en la segunda convocatoria para el sindicato socialista, frente a los 2,4 millones de euros para el anarquista. Entre los partidos, el mejor parado fue el PSOE, con casi 11 millones de euros, del total de 28 millones que ambos gobiernos repartieron entre todas las formaciones. La CNT present√≥, en 2007, 5.191 expedientes de los que se desestimaron 4.652 y se admitieron 386. Reclamaba 10 millones de euros.
Sobre las devoluciones de lo incautado a particulares jamás hubo una vuelta atrás. Hubo alguna excepción, pero siempre bajo el paraguas del ordenamiento jurídico franquista. Los herederos de Ramón de la Sota tuvieron que pagar, en 1982, 62 millones de pesetas, resto de la multa impuesta en 1938, para poder litigar sobre parte de su patrimonio.
Algunas de las formaciones, sin embargo, ya hicieron p√ļblico su disconformidad con los repartos acordados por los gobiernos. El PNV, por ejemplo, recuper√≥ m√°s de 9 millones de euros a trav√©s no ya de los acuerdos con el Ejecutivo central, sino por la v√≠a judicial. El Supremo espa√Īol le dio la raz√≥n en temas que el Gobierno le hab√≠a denegado. No as√≠ al Gobierno vasco, cuya sede de Par√≠s a√ļn se encuentra en litigio.
En la misma tesitura, aunque con menor √©xito, se encontraba ANV, que vio rechazadas la mayor√≠a de sus reclamaciones y las llev√≥ al Supremo que en abril de 2003 le dio la raz√≥n parcialmente y le neg√≥ la propiedad de 89 locales. En septiembre de 2008, cuando el Tribunal Supremo espa√Īol declar√≥ la ilegalizaci√≥n de ANV, dispuso que todos sus bienes, incluidos los recuperados de la √©poca de la Segunda Rep√ļblica, pasaran a disposici√≥n del erario p√ļblico.

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